Primer pleno del nuevo Ayuntamiento y la primera propuesta del actual equipo (PP) consiste en fijar por primera vez la dedicación parcial para el alcalde, algo por lo que siempre se ha apostado desde el espectro progresista con la premisa de que la política no sólo deben poder hacerla los que pueden dejar de trabajar para vivir. Nueva etapa, viejos debates.
Loporzano es, siempre lo hemos dicho, un municipio muy complicado con sus 15 núcleos y dos diseminados repartidos en 168 km², con un barranco de por medio, una buena cantidad de caminos y 3 embalses. Cada rincón tiene significado al menos para uno de sus poco más de 580 habitantes. Existe poca conciencia de que, a todos los efectos, solamente tenemos el Ayuntamiento como vehículo colectivo, tanto para aprovechar oportunidades como para protegernos de las amenazas que cualquier administración, empresa externa o circunstancia que pueda irrumpir en las tranquilas realidades de quienes hemos elegido este lugar para vivir.
Y pese a esta obviedad, su población suele confiar y pensar más en sus derechos individuales que en los colectivos y suele prestar poco interés, presentándose desunida cuando no desperdigada cuando algo así ocurre. Lo suelo achacar a un ambiente viciado de individualidad y libertad mal explicada o entendida, que por tanto piensa que el único motivo para optar al ejercicio público es buscar el interés personal por ambición. Esta perspectiva no es del todo equivocada, en cuanto a que al final también impregna a individuos y organizaciones, también políticas, que entienden que ese es el juego. Y el debate sobre la remuneración de los políticos suele verse a través de esa óptica.
Curiosamente, este recelo casi patológico no se da con la misma intensidad en otros organismos donde los partidos políticos no están. Aunque despiertan filias y fobias, la premisa para la existencia de los liberados sindicales es un consenso básico: si un trabajador defiende los intereses colectivos frente a la patronal, no le puede costar dinero de su bolsillo ni hacerse en sus horas de sueño; su tiempo debe ser remunerado por la propia organización o el sistema laboral para garantizar la equidad. Lo mismo ocurre en ciertos consejos de administración de empresas públicas, colegios profesionales o cooperativas agrarias, donde se entiende perfectamente que el tiempo dedicado a la gestión comunitaria tiene un coste que debe ser cubierto. Nadie espera que el presidente de una comunidad de regantes lleve la gestión por amor al arte en su tiempo libre, lo contrario hasta resultaría sospechoso.
Sin embargo, en la arena política el debate se envenena de inmediato (también en la izquierda) con el argumento de "la pérdida de salario histórico". Es el clásico dilema resuelto de forma similar en muchas organizaciones que se definen transformadoras: si un profesional cualificado decide dar el paso a la gestión local, ¿debe verse penalizado económicamente (en cuanto a lo que perdería si no lo hiciera)? Si la respuesta es sí en lugar de hacer una reflexión profunda y colectiva sobre cómo garantizamos los derechos y la dignidad, creo que estamos entrando en aguas pantanosas. Y así suele ser.
Frente a esto, el mundo nos ha dejado ejemplos tan notables como el de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Mujica resolvió el debate de la remuneración de una forma radicalmente humana: no renunció al sueldo institucional para no desvalorizar el cargo ni convertir la presidencia en un pasatiempo de élites (* edito: también hubiese sido complicado legislativamente, leer este artículo. Ahora mismo el presidente de Uruguay es el segundo con mayor sueldo del continente), pero decidió donar cerca del 90% de sus (desorbitados, eso sí) emolumentos a fondos de vivienda social, demostrando que la dignidad del cargo y la coherencia personal pueden caminar juntas sin asfixiar la accesibilidad democrática del puesto. De ahí se sacó la idea de las donaciones que hicimos algunos diputados en 2015 y que en algunos casos rondaban el 45% del salario realmente percibido. Cosas del idealismo.
Al final, la clave supongo que reside en entender que debemos cuidar a quien nos cuida. Del mismo modo que exigimos que los educadores a nuestros hijos, los sanitarios que salvan nuestras vidas o los reponedores de supermercado que sostienen el día a día tengan salarios suficientes para desarrollar vidas dignas, completas y estables, la vida pública no puede sostenerse en la precariedad o el voluntarismo. No necesitamos convertir a quienes eligen aportar su tiempo y trabajo en mártires ni en ascetas; necesitamos justicia en derechos, también retributivos y transparentes por un trabajo que al final repercute en el bienestar de todos.
Eso sí, otro contraejemplo: al final Jesús Escario, alcalde de Loporzano del Partido Popular, no sé si habiendo meditado o no en todo esto, decidió que lo adecuado era ponerse la remuneración máxima que le permitía la ley (así, como criterio) con la dedicación mínima (2h) que era la que le convenía, de forma que le cuadrase para la cotización. Otro confundiendo lo que permite la ley con lo que dicta el sentido común. "Lo que las reglas del juego permiten", se llegó a permitir decir. Lo dicho, que siempre hay cosas en política que me siguen sorprendiendo y sigo agradeciendo el baño de realidad, a cada cual lo que le corresponde.
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